Revisar Convenio regulador

Presta especial atención a la custodia y el régimen de visitas, la pensión de alimentos, el uso de la vivienda familiar y la liquidación de bienes comunes. Revisa también cómo se actualizará la pensión con el paso del tiempo (normalmente según el IPC) y qué pasa con gastos extraordinarios de los hijos. Estas cláusulas condicionan tu día a día durante años, así que conviene que las entiendas bien antes de comprometerte.

Una vez homologado por el juez, el convenio tiene fuerza legal y modificarlo exige un nuevo acuerdo entre las partes o, si no hay acuerdo, acudir al juzgado para pedir su modificación justificando un cambio relevante en las circunstancias. No es imposible, pero sí un proceso que lleva tiempo y, en ocasiones, gastos. Por eso es mejor dejar las condiciones bien pensadas desde el principio.

Sí, siempre hace falta abogado, pero puede ser el mismo para los dos. Por vía judicial, en estos procesos las partes actúan «con asistencia de abogado y representadas por procurador» (artículo 750.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil); ante notario o ante el letrado de la Administración de Justicia, los cónyuges deben estar «asistidos por letrado en ejercicio» (artículo 82.1 del Código Civil, al que remite el artículo 87 para el divorcio). No hay excepción por no tener hijos ni bienes. Lo que la ley sí permite expresamente es compartirlo: en separación o divorcio de mutuo acuerdo los cónyuges «podrán valerse de una sola defensa y representación» (artículo 750.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), o sea, un solo abogado y un solo procurador para los dos. Compartir solo funciona mientras no haya intereses enfrentados: ese mismo artículo 750.2 prevé que, si el juez no aprueba alguno de los pactos, se os pregunte en cinco días si seguís con una sola defensa o preferís litigar cada uno con la suya, y que, si más adelante uno pide la ejecución de lo acordado, el otro tenga que nombrar abogado y procurador propios. Por eso, con desequilibrio entre las partes suele convenir abogado propio desde el principio; pero eso es prudencia, no una exigencia legal. Con hijos menores no emancipados —o hijos mayores con medidas de apoyo establecidas judicialmente y atribuidas a sus progenitores— lo que queda descartado es la vía extrajudicial entera, ni notario ni letrado de la Administración de Justicia (artículos 87 y 82.2 del Código Civil, que remiten al 81): hay que ir al juzgado y el convenio lo aprueba un juez, previo informe del Ministerio Fiscal (artículo 777.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Y que el abogado sea obligatorio no significa que lo pagues tú: por vía judicial, quien cumple los requisitos de la justicia gratuita tiene derecho a defensa y representación gratuitas (artículo 6.3 de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita). Antes de firmar, conviene que un abogado colegiado revise el texto final.

No es recomendable firmar algo con lo que no estás conforme solo por rapidez, porque una vez homologado te obliga legalmente igual que si lo hubieras aceptado con total convencimiento. Es preferible negociar ese punto concreto antes de firmar, aunque el proceso se alargue unas semanas más. Firmar bajo presión suele generar conflictos y trámites de modificación después.

El convenio regulador homologado judicialmente tiene la misma fuerza que una sentencia, por lo que su incumplimiento (por ejemplo, no pagar la pensión) puede reclamarse por vía de ejecución judicial. Esto puede derivar en embargos u otras medidas. Ahora bien, ni la ejecución ni los atrasos están disponibles para siempre: la acción ejecutiva fundada en una resolución judicial tiene un plazo de caducidad de cinco años (artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y la reclamación de pensiones alimenticias prescribe a los cinco años (artículo 1966.1.ª del Código Civil), con la salvedad de que los derechos civiles forales pueden fijar plazos propios: en Cataluña son tres años para los pagos periódicos (artículo 121-21, letra a, del Código civil de Cataluña). Desde cuándo se cuenta cada plazo cuando la pensión vence mes a mes no lo resuelve el texto de la ley, lo perfilan los tribunales, y la prescripción se interrumpe con una reclamación al deudor (artículo 1973 del Código Civil). Así que, si hay impagos, no lo dejes correr: llévalo cuanto antes a un abogado colegiado en lugar de calcular tú los plazos. Por eso es importante que las condiciones que firmes sean realmente asumibles para ambas partes.